Luego de un primer proceso constitucional que intentó consagrar los derechos colectivos de los pueblos originarios bajo estándares internacionales, y que dicho proyecto fuera rechazado por un segmento de la población, se abrió un segundo proceso constituyente en que los derechos indígenas han quedado delimitados a aspectos principalmente culturales y han aparecido discursos críticos a los derechos y a las personas indígenas.
En paralelo, la violencia política se ha incrementado en las regiones con población mapuche, tanto la ejercida por el Estado como la de los movimientos indígenas, y han surgido nuevas problemáticas, como la migración irregular en territorios andinos que ha incrementado la desconfianza en las instituciones.
Estas distintas variables han generado un contexto favorable para salidas más punitivas y el incremento de sectores que impulsan una agenda en torno a la seguridad en desmedro de la promoción de derechos asociados al sector migrante e indígena que se ha expresado en los dos procesos constituyentes. En este contexto, vale la pena volver a analizar el estado actual de la interculturalidad y los reconocimientos.
